sábado, 31 de maio de 2014

DA IMPRENSA ARGENTINA

Corte de Portugal declaró que los ajustes son inconstitucionales


La Corte Suprema de Portugal rechazó por inconstitucionales varias medidas de ajuste que el Gobierno implemente desde su presupuesto de 2014, entre ellas recortes salariales del sector público y de jubilaciones. Ocurre en un momento en que el Ejecutivo minó gastos sociales para eliminar su gran déficit fiscal, tal como lo obliga la troika (Banco Mundial, FMI y Unión Europea). Con este fallo, deberá por algún otro medio disminuir erogaciones por 700 millones de euros.

El máximo tribunal se pronunció contra los planes de rebajas salariales entre el 2% y el 12% en el sector público, uno de los elementos clave de los recortes fijados en el rescate internacional del que Portugal salió este mes. En la noche del viernes, el Supremo también descartó los recortes de pensiones, además de beneficios para desempleados y enfermos. Las medidas contravenían los derechos de los ciudadanos declarados en la Constitución.

Analistas consideran que las impugnaciones del Supremo a las medidas de austeridad son un riesgo para la recuperación de la economía, que le permitió al país dejar atrás este mes el rescate de 78.000 millones de euros entregado por la UE y el FMI. Sin embargo, el tribunal redujo el impacto fiscal diciendo que la reversión de los recortes salariales del Gobierno no será retroactiva y entrará en vigor en junio. "La ejecución presupuestaria está a la mitad (del año) por lo que estos montos sustanciales podrían dañar las metas de consolidación de presupuesto", dijo Joaquim de Sousa Ribeiro, presidente de la Corte.

Pese a dejar atrás su rescate, Portugal necesita hacer una gran reducción a su déficit presupuestario en los próximos años, según acuerdos de la UE. La brecha presupuestaria debe disminuir al 4% del Producto Bruto Interno este año y al 2,5% el 2015, desde el 4,9% del 2013.

La reversión de los recortes salariales en junio podría costar cerca de 500 millones de euros durante el resto del año, ya que la medida pretendía ahorrar 1.000 millones de euros anuales. La eliminación de los recortes a pensiones y otros beneficios costaría unos 200 millones de euros. La decisión probablemente obligará al Gobierno a encontrar otras medidas de austeridad o a decretar más alzas de impuestos. Analistas han criticado que la recuperación del país desde su crisis de deuda se ha enfocado más en grandes alzas de impuestos que en reformas duraderas que le aporten más eficiencia a la economía

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